LAS VOCES DEL NI UNA MENOS. MUJERES Y DISCAPACIDAD. MUJERES CON DISCAPACIDAD.

Por María Lía Redondo

Cada 3 de junio volvemos a escuchar una consigna que ya forma parte de nuestra memoria colectiva: Ni Una Menos. La escuchamos en las plazas, en las escuelas, en los medios de comunicación y en las redes sociales. Año tras año, la repetimos porque todavía necesitamos hacerlo. Porque detrás de esas palabras sigue existiendo una pregunta dolorosa: cómo es posible que una mujer sea asesinada por el solo hecho de ser mujer.

Cada nueva marcha, cada acto y cada publicación intentan ponerle nombre a una ausencia. Intentan comprender por qué la violencia sigue formando parte de la vida cotidiana de tantas mujeres y por qué, en demasiados casos, termina de la manera más extrema.

Para responder esa pregunta solemos recurrir a las estadísticas. Y las estadísticas son necesarias. Nos permiten saber que, según distintos organismos internacionales, decenas de miles de mujeres y niñas son asesinadas cada año en el mundo por parejas, exparejas o integrantes de sus propias familias. Nos recuerdan que detrás de cada número hay una historia, una vida y una comunidad atravesada por la pérdida.

También nos muestran algo inquietante: que el hogar, ese lugar donde una persona debería sentirse segura, muchas veces es el escenario de la violencia más brutal.

Sin embargo, las estadísticas tienen límites. Iluminan una parte de la realidad y dejan otras zonas en penumbras. Hay preguntas que todavía encuentran respuestas incompletas.

Una de ellas parece sencilla: ¿cuántas de esas mujeres eran mujeres con discapacidad?

La realidad es que, en muchos países, todavía no lo sabemos con precisión. Durante años los sistemas de registro se concentraron en contabilizar las muertes, pero no siempre en comprender todas las condiciones que atravesaban la vida de quienes las padecieron.

Sin embargo, aunque los datos sean insuficientes, las señales son demasiado claras para ignorarlas.

Desde hace tiempo, organismos internacionales, investigadoras y organizaciones de mujeres con discapacidad vienen advirtiendo una situación preocupante: las mujeres con discapacidad enfrentan mayores riesgos de sufrir distintas formas de violencia a lo largo de sus vidas.

Y cuando intentamos comprender por qué ocurre esto, descubrimos que la explicación no está en la discapacidad en sí misma.

La explicación suele encontrarse en las barreras que organizan la vida social.

Pensemos por un momento en situaciones que podrían ocurrir en cualquier ciudad. Una mujer que necesita ayuda para trasladarse. Otra que depende económicamente de quien convive con ella. Otra que requiere apoyos para comprender determinados procedimientos o realizar trámites. Otra que intenta explicar una situación de violencia y encuentra desconfianza antes que escucha.

Ninguna de esas circunstancias constituye violencia por sí sola. Pero todas pueden transformarse en escenarios donde la violencia encuentra más oportunidades para crecer. Porque la violencia rara vez aparece de manera repentina. Generalmente se alimenta del aislamiento, del silencio y de la dificultad para pedir ayuda. Busca aquellos lugares donde será más difícil denunciar y más difícil ser escuchada.

Por eso, cuando hablamos de mujeres con discapacidad, la discusión no debería centrarse en sus limitaciones sino en las barreras que las rodean. Las barreras que dificultan el acceso a la información, a la justicia, a los servicios de apoyo y a los espacios donde una persona puede encontrar protección.

Durante mucho tiempo, la conversación sobre discapacidad y la conversación sobre violencia de género transitaron caminos paralelos. Como si se tratara de problemas distintos. Como si las mujeres con discapacidad no formaran parte de ambas historias al mismo tiempo.

Esa invisibilidad comenzó a ser cuestionada hace ya varias décadas. Y encontró un reconocimiento fundamental hace casi veinte años, cuando las Naciones Unidas aprobaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Convención reconoció algo que parece sencillo, pero que continúa siendo profundamente desafiante: que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir libres de explotación, violencia y abuso, y que los Estados tienen la responsabilidad de adoptar medidas específicas para garantizar esa protección.

Quizás el desafío pendiente siga siendo justamente ese. Que cuando pronunciemos la consigna Ni Una Menos también podamos mirar hacia aquellos lugares donde la violencia sigue siendo más difícil de nombrar, más difícil de detectar y más difícil de denunciar.

En este marco, la interseccionalidad nos invita a ampliar la mirada y a reconocer la diversidad de experiencias que habitan el movimiento de mujeres. En ese recorrido, las mujeres con discapacidad aportan una potencia singular: la de construir nuevas formas de participación, de cuidado, de autonomía y de comunidad allí donde durante mucho tiempo solo se señalaron límites. Su presencia en los espacios públicos, académicos, políticos, culturales y comunitarios nos recuerda que la igualdad no consiste en que todas las personas recorran el mismo camino, sino en que cada una pueda desplegar plenamente sus capacidades y proyectos de vida. Quizás uno de los aprendizajes más valiosos de este tiempo sea justamente ese: comprender que la potencia de una sociedad más justa crece cuando es capaz de reconocer, escuchar y hacer lugar a todas las voces que la componen.

Porque una sociedad inclusiva no se define solamente por las personas que ve. También se define por aquellas que decide no volver a dejar invisibles.