Fundación Denles La Palabra · denleslapalabra.com.ar
En la Argentina de hoy, parecería que ya no alcanza con atravesar una discapacidad, sostener tratamientos, depender de apoyos o convivir diariamente con barreras que el propio Estado reconoce desde hace décadas.
Ahora también hay que demostrar públicamente que uno no es un fraude.
Ese es el clima que empezó a construirse alrededor del nuevo discurso oficial sobre las pensiones por invalidez y las auditorías impulsadas por el Gobierno Nacional.
Un discurso que habla permanentemente de “fraude”, de “irregularidades” y de “sospechas”, pero que al mismo tiempo no logra explicar con claridad cuántos casos concretos de fraude existen realmente, cuántas condenas judiciales hay, cuánto dinero fue recuperado ni qué porcentaje representan esos casos sobre el universo total de personas que reciben una pensión.
Y esa diferencia importa.
Porque no es lo mismo investigar delitos concretos que instalar una sospecha generalizada sobre toda una población.
No es lo mismo perseguir corrupción que construir socialmente la idea de que miles de personas con discapacidad deben justificar permanentemente su condición frente al Estado y frente a la sociedad.
El problema empieza cuando el fraude deja de ser una excepción perseguida judicialmente y se transforma en un relato político útil para legitimar recortes.
Ahí el riesgo ya no es solamente presupuestario.
Es democrático.
Porque las personas con discapacidad no son categorías sospechosas.
Son sujetos de derecho protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La misma Convención que hoy el propio Estado cita para justificar auditorías y restricciones nació justamente para garantizar inclusión, autonomía, accesibilidad y participación social.
No para colocar a las personas bajo sospecha permanente.
Y hay algo todavía más grave: los recortes y revisiones no aparecen aislados. Se concentran especialmente sobre educación y discapacidad, dos áreas que el Estado argentino tiene obligación jurídica de proteger de manera reforzada.
No se trata de políticas optativas.
No se trata de favores.
No se trata de concesiones económicas discrecionales.
Se trata de derechos adquiridos.
Por eso el Estado tiene el deber institucional de explicar qué está haciendo, por qué lo está haciendo y hacia dónde están destinados los recursos que recorta.
Porque un Estado de derecho no es solamente un Estado que administra recursos.
Es un Estado que respeta el derecho, sus límites constitucionales y la legitimidad democrática de sus decisiones.
Y la legitimidad no surge únicamente del resultado electoral.
También surge de la validación social de las decisiones que impactan sobre la vida de millones de personas.
Cuando un gobierno no explica suficientemente por qué ajusta sobre sectores especialmente protegidos por el sistema jurídico, la discusión deja de ser solamente económica.
Empieza a convertirse en una discusión sobre el sentido mismo del Estado de derecho.
Porque si la sospecha reemplaza a la garantía, si la auditoría reemplaza al acompañamiento y si el discurso público habla más del fraude que de los derechos, entonces el problema deja de estar únicamente en el presupuesto.
Empieza a estar en el vínculo entre el Estado y la sociedad que dice representar.
Y quizás la pregunta más preocupante de todas sea esta:
¿cuánto daño institucional produce un Estado que obliga a las personas con discapacidad a demostrar constantemente que merecen los derechos que ya les fueron reconocidos por la propia ley?
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